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jueves, 27 abril 2017
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El encargado de tratamiento en el Nuevo Reglamento de Protección de Datos

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Entre las novedades que introduce el Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, cabe destacar que se establecen expresamente obligaciones al encargado de tratamiento, cuando la LOPD únicamente hacía una breve mención a esta figura.

La AEPD ha publicado una serie de Guías de Trabajo para ayudar a comprender y aplicar el RGPD, entre ellas una en la que se recogen las Directrices para la Elaboración de Contratos entre Responsables y Encargados de Tratamiento.  Este documento identifica los puntos clave a tener en cuenta en el momento de establecer la relación entre el responsable y el encargado de tratamiento, las cuestiones que afectan a la relación entre ambos, y orienta en la redacción del documento que regule dicha relación.

A continuación resumimos los puntos clave de esta cuestión, con la información con que contamos actualmente, ya que está previsto que se publiquen otras guías de trabajo, así como un primer borrador de anteproyecto de modificación de la LOPD, que previsiblemente debe estar listo en este mismo mes de marzo, con el objetivo de que el Parlamento haya aprobado la modificación de la Ley en mayo de 2018, fecha en que el reglamento europeo será ya de aplicación directa.

En primer lugar, es fundamental definir que el encargado de tratamiento es aquél que presta un servicio al responsable, y que conlleva el tratamiento de datos personales por cuenta de éste. El encargado puede realizar todos aquéllos tratamientos, automatizados o no, que el responsable del tratamiento le haya encomendado formalmente y, además, puede adoptar todas las decisiones organizativas y operacionales necesarias para la prestación del servicio que tenga contratado. No obstante, en ningún momento puede varias las finalidades y los usos de los datos, y evidentemente no los puede utilizar para sus propias finalidades. Asimismo, las decisiones que adopte deben respetar en todo caso las instrucciones dadas por el responsable del tratamiento.

El responsable del tratamiento debe asegurar que el encargado que elija para la prestación del servicio ofrece las garantías suficientes respecto a la implantación y el mantenimiento de las medidas técnicas y organizativas apropiadas. Debe contar con los conocimientos especializados requeridos y proporcionar fiabilidad y recursos acordes con los exigibles. El RGPD prevé que para demostrar estas garantías, el encargado de tratamiento podrá acogerse a Códigos de Conducta o acceder a Sistemas de Certificación.

Los tipos de encargado de tratamiento son tan variados como los tipos de servicios, pudiendo tener como objeto  principal el tratamiento de datos personales, como pueden ser los informáticos o el proveedor de servidor remoto, o únicamente como consecuencia de la actividad que presta por cuenta del responsable del tratamiento, como por ejemplo la asesoría laboral.

La guía publicada por la AEPD anexa una serie de clausulas tipo para la redacción del contrato entre el responsable y el encargado de tratamiento, determinando además el contenido mínimo que debe incluir: Las Instrucciones del Responsable del Tratamiento; El Deber de Confidencialidad; Las Medidas de Seguridad; El Régimen de la Subcontratación; Los Derechos de los Interesados; La Colaboración en el cumplimiento de las Obligaciones del Responsable; El Destino de los Datos al finalizar la Prestación; La Colaboración con el Responsable para demostrar el Cumplimiento.

Con todo ello, y una vez definidos los aspectos que se acuerden en la modificación de la Ley, informaremos puntualmente a nuestros clientes, y realizaremos las modificaciones en la documentación que sean pertinentes, en base a las nuevas exigencias.

Verónica García Doylataguerra
Responsable departamento jurídico Audifarma 

 
Todo lo que debes saber sobre la plusvalía municipal

ARTICULO-PLUSVALA-MUNICIPAL

Su verdadero nombre es Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, es local puesto que lo gestiona el Ayuntamiento de cada municipio, el objeto del impuesto es gravar el incremento que se obtenga por el contribuyente cuando se realice la transmisión de terrenos urbanos. Es objetivo, es decir, no se tienen en cuenta las circunstancias personales del sujeto pasivo para el cálculo del mismo, es instantáneo y no periódico se devenga en el momento de la transmisión. Requiere de la aprobación por parte de cada Ayuntamiento de una Ordenanza municipal que lo regule y por último sólo afecta a terrenos urbanos y no a los rústicos.


El impuesto hasta la fecha se calcula de la siguiente manera:

Base Imponible: para su cálculo se aplica al valor catastral unos coeficientes en función del número de años desde la última transmisión con un máximo de 20.

Tipo de Gravamen: lo fija cada Ayuntamiento sin que dicho tipo pueda exceder del 30%.

Con esta forma de calcular el impuesto el problema está en que incluso vendiendo a pérdidas un inmueble habría que pagar la plusvalía municipal  y en el entorno económico actual, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, hay muchos inmuebles que se han vendido por un precio muy por debajo de lo que costaron a sus propietarios y aún así los Ayuntamientos siguen reclamando la plusvalía municipal pese a haber obtenido pérdidas en la operación.

Pues bien esta situación se viene reclamando desde hace mucho en vías Administrativas y Judiciales, y parece que por fin el Tribunal Constitucional va a poner coherencia a este asunto, pues el pasado 16 de febrero de 2017 dictó una sentencia a través de la cual declara incorrecta la forma de calcular el impuesto en el caso de inmuebles transmitidos con pérdidas. Dicha sentencia del alto tribunal ha declarado inconstitucional varios artículos de la norma foral en Guipúzcoa al entender que va en contra del principio de capacidad económica tributar por el impuesto cuando la venta se ha producido sin beneficios o con pérdidas. La sentencia se apoya en el artículo 31.1 de la Constitución Española y reitera “en ningún caso podrá el legislador establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial”. Lo que cabe esperar tras esta sentencia que se refiere al régimen foral, son otras similares para el resto de la normativa estatal, puesto que los artículos que se consideran inconstitucionales son los mismos en ambas normativas.

Por ello desde nuestro despacho, recomendamos revisar todas las operaciones inmobiliarias realizadas durante los últimos cuatro años para ver si se pagó alguna plusvalía municipal en la transmisión de algún inmueble con pérdidas  o sin beneficio, en cuyo caso la recomendación es presentar un escrito de solicitud de ingresos indebidos junto con una rectificación de autoliquidación aportando pruebas suficientes para justificar la pérdida en la operación utilizando los argumentos de la sentencia arriba mencionada.

Si quiere ampliar información sobre este tema o cualquier otro relacionado con sus impuestos, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Eduardo Marín Agulló

Responsable asesoría fiscal de Audifarma.

 
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