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La Ley 10/2015 de medidas fiscales de la Comunidad Valenciana trae consigo un sustancial cambio en la tributación del patrimonio de todos los Valencianos, ya que por primera vez se establece una tarifa propia para este Impuesto más elevada que la estatal (alrededor de un 25% mayor) y un menor límite exento se reduce de 700.000 a 600.000 €.

Estos dos “pequeños” cambios  van a provocar que estén obligados a tributar en el Impuesto del Patrimonio del 2016 (que se presentará en junio de 2017) unos 1.832  contribuyentes más que hasta ahora no estaban obligados a declarar, pero la peor noticia viene para los que ya estaban presentando la declaración del patrimonio, puesto que ahora su base imponible se incrementará en 100.000 € y además los tipos impositivos aumentarán aproximadamente un 25%, lo que va a provocar unas cuotas en el impuesto muy superiores a las de ejercicios anteriores.

Otra novedad respecto a este impuesto ha sido que la Generalitat ha llevado a cabo la primera campaña masiva en 20 años contra el fraude fiscal en el Impuesto del Patrimonio, para comprobar la situación tributaria de 800 contribuyentes de los que sospechaba que debieron declarar el Impuesto sobre el Patrimonio y no lo hicieron. La Dirección General de Tributos cruzó datos de declarantes en el último ejercicio anterior a la bonificación (2007) con los que no declararon en 2012 y filtró los no fallecidos y  los que no habían cambiado su domicilio a otra Comunidad. Con esta campaña el Instituto Valenciano de Administración Tributaria (IVAT) ha recaudado 2,12 millones de los 539 contribuyentes que habían incumplido con su obligación.

En principio la naturaleza de este impuesto junto con el IRPF, es redistribuir los recursos, la renta hace pagar más a los que más ganan y el patrimonio hace pagar más a los que más tienen. Hasta aquí todo parece idílico, el problema viene cuando analizamos el entorno en el que nos movemos, ya que en una economía  globalizada como lo es la actual, en una Europa sin fronteras,  el Impuesto del Patrimonio  no tiene ningún sentido y menos aún en un país en el que las competencias del impuesto están cedidas a las comunidades autónomas, lo que causa una gran distorsión entre territorios, ya que los empresarios talentosos que consigan hacer patrimonio trasladarán su residencia a países de Europa dónde no se tribute por este impuesto (a día de hoy sólo vigente en 2 de los 28 países de la Unión Europea, Francia y España), o a Comunidades Autónomas como Madrid donde el Impuesto esta bonificado al 100%.

Desde mi punto de vista este impuesto se ha convertido en un clavo ardiendo más al que agarrarse por parte de las Administraciones mal gestionadas para intentar cuadrar sus cuentas, sin ser conscientes de las consecuencias negativas que del mismo se derivan, ya que supone una doble tributación y una penalización al ahorro y esto lleva a fuga de capitales, fuga de cerebros, pérdida de empleos y una menor recaudación (que es justo lo contrario a lo que se pretende con la aplicación del impuesto). En definitiva, el hecho de que este impuesto conviva de forma residual en sólo 2 de los 28 países de la Unión Europea nos hace perder competitividad y si además en la Comunidad Valenciana se adopta la decisión de aumentar el impuesto, no sería de extrañar que los grandes empresarios de nuestra comunidad decidan establecerse en Madrid o incluso en otro país para ahorrarse unos miles de euros cada año.

 

Eduardo Marín Agulló

Responsable asesoría fiscal Audifarma

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